Alma Mª Palau Ferré, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) espera que el nuevo Gobierno “abra más las puertas a la profesión de dietista-nutricionista, para contar con sus conocimientos, preparación y competencias”, como herramienta para dar cumplimiento al acuerdo del PSOE-Unidas Podemos para un Gobierno de coalición.

Este acuerdo incluye consideraciones sobre el impacto de la comida basura, el etiquetado, la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados y el impulso de la compra pública de alimentos de proximidad, con el consecuente impulso al desarrollo rural.

La presidenta del Consejo General explica que “en el sistema educativo y en los modelos de consumo debería tenerse en cuenta al dietista-nutricionistas como agente en la promoción de una alimentación responsable basada en la compra local o de cercanía, el descubrimiento del producto de temporada, el desperdicio alimentario, la cocina autóctona, el bienestar animal, el pequeño productor y el pequeño comercio, la lectura del etiquetado nutricional…”.

Sin embargo, en el ámbito de la sanidad, “aún queda también mucho para avanzar” y en el acuerdo del Gobierno “se echa en falta el derecho de la ciudadanía a una asistencia sanitaria integral, con la atención nutricional incluida, para asegurar el acceso gratuito a este servicio, en condiciones de igualdad efectiva, para personas enfermas y para colectivos vulnerables con riesgo de desnutrición”.

Esperemos que esta sea la legislatura que suponga el reconocimiento definitivo de la profesión, según lo reivindicado en su día en un informe a la Ponencia de Estudio de las necesidades de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud del Senado, en el que se proponía la incorporación de los profesionales sanitarios graduados en Nutrición Humana y Dietética.